Desde la instauración de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, se pensó en que la prestación de estos servicios sociales por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, iba a resolver las necesidades de cuidados de larga duración.
Qué es la dependencia
Configurada como cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a sanidad, educación y pensiones, la ley marca una clara prioridad en la prestación de servicios (de prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y centros residenciales) y, en cambio, considera que las prestaciones económicas han de ser algo excepcional.
Las comunidades autónomas y ayuntamientos son los que han de aplicar la ley, se ven inmediatamente desbordados. No en balde, son ya más de un millón las personas dependientes en España, de las cuales un 65 % son mujeres.
Por ello, pese al incremento inicial de prestaciones, ya han aparecido los problemas de financiación.
Como contrapartida, lo que se está haciendo es imponer copagos elevados a los usuarios de estos servicios, llegando ya al 16% del total del servicio. Se refleja la falta de financiación en el presupuesto que se le dedica: el gasto en dependencia es inferior al 1% del PIB; mientras que el gasto educativo, por poner un ejemplo, es un 4,9%.
Problemas con la dependencia
Además de los problemas de financiación, se producen dilataciones en el tiempo para las resoluciones de la situación de dependencia, así como para proceder a la prestación de servicios. Ya son 230.000 personas las que figuran en lista de espera.
Si ya es difícil recibir prestaciones públicas, tanto asistenciales como económicas, la puntilla ha sido el exigir a los cuidadores no profesionales que ellos mismo se abonen las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que hasta ahora estaba corriendo a cargo de la Administración, y lo que ha supuesto que los afiliados hayan desaparecido en más del 90%.
Por ello y, ante el dato de que solo el 25% de las personas que tienen reconocida una discapacidad en España tienen a su vez una dependencia reconocida, se han buscado mecanismos también en el sector privado para solucionar este desequilibrio insostenible. El seguro de dependencia surgió a causa de estas dificultades.
Solución aseguradora: el seguro de dependencia
Para recibir prestaciones públicas de dependencia hay que pasar por dos fases: primero, el reconocimiento de la dependencia y, segundo, concesión de la prestación. En cambio, las compañías de seguros, desde que se demuestra el reconocimiento de la dependencia, ya proceden al abono de la suma asegurada de manera inmediata; solventando el grave problema de muchas familias que llevan más de tres años esperando a una respuesta pública eficiente.
Además, las primas abonadas por estos seguros de dependencia, al igual que sucede con aportaciones a los planes de pensiones, reducen la base imponible del IRPF, lo cual supone un ahorro en el pago de este impuesto y, por ende, de la prima de los seguros.
Por todo ello, vista la realidad de muchas familias que:
- Incluso en situación de crisis, tienen que descapitalizarse en el cuidado de sus mayores (bien sea pagando una residencia: 1300-2000 €/mes, o contratando a personal que cuide de sus familiares cuando ellos no pueden), o
- Dejar de lado su tiempo libre, para cuidar de ellos.
Este seguro puede ser una solución a esa complicada situación, a un precio que, hasta los 55, años no llega a 50 céntimos al día. Si estás pensando en ti mismo, en tus padres o simplemente en cómo evitar un problema futuro que pueda afectar a tus seres más queridos, llámanos o escríbenos. Te informaremos de los mejores seguros de dependencia actualmente.
